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Impudicia

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¿El de atrás paga?

 Cada tres años es la misma historia. Cada nueva administración anuncia, denuncia, señala los abusos que cometieron sus antecesores en cuanto al manejo de la nómina. Pero no pasa nada, literal, sólo los días pasan.

 Con el voto de confianza otorgado a un nuevo equipo de personas –apartidistas ellas- que llegaron al poder en Tepatitlán, se tiene la oportunidad histórica de cambiar el rumbo, incluido se apartado donde unos cuantos le cobran al pueblo millonarias cantidades “por despidos injustificados”.

 En la actualidad hay –dijo el Síndico Salvador Peña González-, unos 64 juicios laborales contra el Gobierno de Tepatitlán, los cuales podrían alcanzar un ataque al patrimonio del pueblo cercano a los 18 millones de pesos, si llegasen a cobrar sus “derechos” laborales dichos personajes.

 Lo lastimoso es que, ni pagando tal cantidad, se alcanzaría la ansiada Justicia. Los despedidos del gobierno (por berrinches, por traición o por joder) no estarían recibiendo un pago justo por ser separados de su “trabajo”, pues la gran mayoría –por no decir que todos-, no son profesionales del servicio público. No pueden, no tienen con qué probar su capacidad para resolver lo que debieron resolver siendo funcionarios. No tienen pruebas de haber atendido a los pobres y sacarlos de la miseria, ni de haber brindado seguridad pública, ni de haber llegado puntuales a su trabajo, ni de haber cumplido con sus metas. ¿Entonces cómo reclaman un pago justo por su salida?

 Lo peor de estos casos es que muchos de ellos (y ellas) fueron invitados a formar parte de un proyecto de tres años a cambio de aportar acciones específicas y, por no responder a sus jefes, a sus superiores, fueron separados de sus cargos, que por cierto eran temporales.

  Aunque la autoridad se ha guardado en lo oscurito del cajón de la “Unidad de Transparencia”, trascienden casos bochornosos, de pena ajena, cuando se sabe que, por ejemplo, el ex asesor jurídico de Obras Públicas estaría defendiendo a los policías despedidos del gobierno. Una hora defendía su patrón-gobierno y otra hora lo atacaba por “correr injustificadamente” a policías. Otra “joya” de este proceso es saber que, por ejemplo, el ex Oficial Mayor y uno o dos de sus incondicionales, estén demandando “indemnización por antigüedad”, porque “desde hace 21 años trabajan para el gobierno”. O una más, cuando el excandidato a alcalde estaría reclamando indemnización por despido y su esposa ya labora en el gobierno. O el exfuncionario panista que demandó al Ayuntamiento y ahora es colaborador de la nueva administración.

 Esas trampas legaloides, bajo el cobijo de “derechos laborales” tienen a los municipios de Jalisco en la lona. Lo menos que podemos hacer es desenmascarar a quienes buscan hacer dinero fácil con tramposas denuncias, argumentando derechos pero sin comprobar sus obligaciones.

  Cada tres años es la misma historia.

 Con la llegada del Gobierno Naranja a Tepatitlán, tienen los nuevos funcionarios otra oportunidad histórica: desvelar los nombres, la estructura transa y exhibir a quienes se han llenado los bolsillos a costa del pueblo bajo el cobijo de la alternancia.

  No se pide que llegue nadie a la cárcel, con que detengan las tropelías, los abusos y el enriquecimiento ilícito. Con eso, tan simple, estarían comenzando a sanar a Tepa, a curarle de los bolsillos rotos con que nos han dejado los de la Patria “ordenada y generosa”.

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