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Mediante demandas, pretenden seguir viviendo del ayuntamiento

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Señala Síndico Salvador Peña

• Varios panistas buscan que el municipio los pague alegando despido injustificado

• El ex titular de Astepa y quien fuera Oficial Mayor, los que buscan más lana municipal

7 días.- Como una tristeza y falta de ética y compromiso con la comunidad es como califican las autoridades municipales el hecho de que varios ex funcionarios de la pasada administración municipal pretendan seguir viviendo a costa del erario a través de demandas laborales, donde alegan despido injustificado.

El síndico Salvador Peña Gutiérrez dio a conocer a 7 días que desde que el actual ayuntamiento de Hugo Bravo entró en funciones, unos 96 ex empleados municipales, provenientes en su mayoría de la pasada administración panista de Jorge Eduardo González y de la priista Cecilia González, han demandado al municipio alegando despido injustificado.

Peña Gutiérrez señala que hasta el momento se ha llegado a 27 acuerdos con igual número de demandantes y el funcionario estima que dichos convenios han significado al municipio poco más de 6 millones de pesos ahorrados al municipio.

Se llega a un acuerdo con los que promueven la demanda, aceptando un pago menor de lo que originalmente pedían y en algunos casos se incluye además la reinstalación del ex trabajador.

Salvador Peña explica que algunos ex trabajadores lo que buscan simplemente es recuperar su fuente de empleo y recuperar parte de los salarios caídos al verse en la necesidad de llevar el sustento económico a sus casas y al ver que los juicios laborales son muy largos y muchas veces terminan con fallos en contra del promovente.

“Nos critican por estar contratando gente de otros partidos para que laboren en el ayuntamiento, no los contratamos por eso, es gente que simplemente quiere volver a trabajar y están en su derecho de pedir un puesto en la presidencia; nosotros les ofrecemos reinstalarlos a cambio de zanjar el litigio y que acepten una cantidad menor a la pretendida, así no se sangra a las finanzas del municipio y damos la oportunidad de trabajar a los que tengan ese deseo legítimo de volver a hacerlo con nosotros”, argumentaba el síndico.

Los representantes legales del ayuntamiento, encabezados por el síndico, estudian detenidamente cada una de las demandas y juzgan si en verdad son despidos injustificados o se trata simplemente de gente que entabla el pleito para ver si logran sacarle algún dinero al ayuntamiento, “lo hacen para ver si ‘pega’ y si no pues despegado estaba”, explica con términos más coloquiales Peña Gutiérrez.

De entre los ex empleados que buscan el resarcimiento económico por parte del municipio, llama la atención los despidos que a juicio del síndico y del alcalde Hugo Bravo, fueron totalmente injustificados, como la gente que corrió el ex presidente Jorge Eduardo González faltando unas pocas semanas para que acabara su administración. Salvador Peña señala que esas personas simplemente se les comunicó con palabras altisonantes que ya no trabajaban más para el ayuntamiento y no se les dio ninguna razón válida para su despido, elementos suficientes para considerar que fueron corridos sin ningún motivo y de manera arbitraria.

“En cambio otros ex funcionarios que ahora alegan también despido injustificado, simplemente buscan que se les dé una compensación económica, pero no se les dio de baja de manera arbitraria, pues simplemente llegaron al término de sus funciones, eran empleados de confianza y sabían que al entrar las nuevas autoridades simplemente sus servicios ya no iban a ser requeridos, por lo que no se puede alegar injusticia en esos casos”, denuncia el síndico.

Algunos de los que han demandado al ayuntamiento y que todavía no se llega a un acuerdo con ellos, además de ser señalados por las actuales autoridades como gente sin escrúpulos y que sólo busca dañar al pueblo, son Enrique Navarro de la Mora, ex titular de Agua Potable; Margarito Barajas Íñiguez, coordinador de maquinaria pesada; Arturo Pérez Martínez, Oficial Mayor; Epifanio Martínez Guerrero, coordinador del archivo municipal; Gilberto Martín Velázquez y Edgar Alejandro Delgadillo Mendoza, técnicos especializados en prevención del delito, así como Dolores Téllez Patiño como ex auxiliar operativo ayudante.

Sin embargo, de acuerdo con Peña Gutiérrez, las demandas entabladas por los ya mencionados contienen una serie de irregularidades que las hacen poco sostenibles, como pedir pagos de aportaciones al IMSS, cuando el municipio se ha manejado por una instancia similar de servicios médicos como son los mismos Servicios Médicos Municipales y el Hospital Regional, por lo que simplemente es improcedente solicitar pagos del Seguro Social.

También piden indemnización y reinstalación al mismo tiempo, cuando jurídicamente no pueden coexistir dichos conceptos, así como reconocimiento de antigüedad en lo que dure el litigio cuando al mismo tiempo se exigen salarios caídos, pues tampoco pueden existir al mismo tiempo tales condiciones, así como el pago de vacaciones no disfrutadas.

“Es de risa eso de las vacaciones, pues el mismo Arturo Pérez nunca quiso pagarlas a sus empleados, argumentando que el que no las tomara las perdía y no había pago de eso”, detallaba el funcionario.
Otra anomalía detectada en las demandas por parte del equipo legal del ayuntamiento es que todos esos litigios son llevados por una sola persona, de profesión abogado y que también fungió como funcionario municipal, lo que no permite la ley estatal de servidores públicos.

Mención aparte merece el asunto de Enrique Navarro de la Mora, que al haber trabajado en un organismo público descentralizado (OPD), éste se rige bajo la ley federal del trabajo y no la del servicio público, por lo que este caso se estudiaría aparte.

Pese a lo improcedente de tales demandas, la Sindicatura se ve obligada a aceptarlas y darles contestación, aunque se pronostica que no prosperen y que los interesados se quedarán a la larga con las manos vacías.

“Nos da mucha pena que estos que fueron servidores públicos, que vivieron varios trienios a costa del erario municipal, sigan pretendiendo que el pueblo los mantenga a través de esas demandas laborales; no se resignan a que la gente pidió un cambio y ya no quiso que ellos siguieran en el ayuntamiento. Nosotros desde el principio firmamos nuestra renuncia y en 2018 nos iremos del ayuntamiento sin pedir nada, pues es nuestro compromiso, es lo que quiere la gente cuando vota por otra persona en las elecciones”, remató el síndico.

Extraña la actitud del síndico: demandantes

Uno de los que han demandado al ayuntamiento y que fue mencionado por Salvador Peña en esta nota, refirió a condición de que su nombre no fuera dado a conocer, que el síndico se equivoca en varias cuestiones y le extraña que ahora quiera ventilar públicamente el caso cuando ya se estaba llegando a un acuerdo extra judicial con el ayuntamiento.

El entrevistado aseguró que dar a conocer públicamente los nombres de quienes han demandado podría meter en un lío legal al ayuntamiento, de acuerdo con las leyes, además de que las exposiciones ante el juez están bien fundamentadas y nada de lo que se solicita es improcedente, según el demandante interrogado.

Señala que ninguna legislación estatal puede estar por encima de las federales, por lo que la ley federal del trabajo se sobrepone a lo que se dicte en Jalisco en cuanto al servicio público y pedir que se hagan válidos los pagos correspondientes al IMSS y otros derechos como las primas vacacionales es totalmente legal y procedente en la demanda.

También le causó extrañeza al entrevistado el hecho de que ahora Salvador Peña diga otra cosa totalmente distinta ante los medios, pues en las reuniones que se ha tenido con él y su equipo ya se ha previsto un arreglo donde se pagaría a los interesados una parte de la cantidad monetaria que se pide.

“Es lo que hemos pedido y lo que casualmente nos ha ofrecido Salvador Peña y ahora sale con otra cosa, pensábamos que ya nos estábamos entendiendo con él y ahora nos trata de exhibir públicamente como deshonestos”, mencionó el interrogado, quien finalizó señalando que el origen de la demanda fue que a la entrada del nuevo ayuntamiento nunca se les notificó su despido y simplemente llegaron otras personas a ocupar sus lugares, por lo que para ellos sí fue ilegal la forma en que los dieron de baja, de manera informal.

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