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Sindicatura, en medio de 87 demandas laborales

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La mayoría de panistas y priistas

Un total de 87 demandas laborales son las que enfrenta actualmente el ayuntamiento de Tepatitlán, de acuerdo con cifras dadas a conocer por la Sindicatura. Algunos de los pleitos ya tienen dos o más trienios de haberse promovido y en la mayoría de ellos se trata de gente identificada con el PRI o con el PAN, de acuerdo con la dependencia municipal ya señalada.

Salvador Peña dio a conocer la lista en días pasados en el noticiero radiofónico de Ramón Muñoz y detalló que algunas demandas ya está por llegarse a un acuerdo, otras ya quedaron resueltas ya sea por haber llegado a un acuerdo extra judicial con la parte demandante o bien que ésta se desistió al haber negociado con el ayuntamiento por otra vía.

No se especificó el monto total de las demandas ni en lo individual.

De acuerdo con el síndico, algunos de los casos más llamativos es el de Arturo Pérez Martínez, quien demanda al actual ayuntamiento no solo por haber sido dado de baja como oficial mayor al principio de esta administración, ya que también exige derechos laborales violentados de cuando fue regidor en la administración de Cecilia González, siendo que éste fue un cargo popular y no de confianza, de base o sindicalizado.

Otros ex funcionarios panistas del trienio pasado también tienen demandado al actual ayuntamiento.

Respecto a eso, Jorge Eduardo González Arana prefirió no meter las manos al fuego por ninguno de sus subalternos y señaló que al entrar en el servicio público todos deben estar conscientes de que este tipo de puestos no son eternos y que es la misma ciudadanía la que decide cuánto tiempo están en el cargo, por lo que cada quien debe contemplar otro modo de sustento económico en el mismo momento en que llegan a trabajar a alguna dependencia de gobierno y no sorprenderse cuando tengan que dejar la misma.


González Arana agregó que depende de cada quien si demanda laboralmente al ayuntamiento en turno, pero desde su punto de vista todos deberían abstenerse y recordar que es el pueblo el que paga los laudos, no el gobierno y que al llegar al mismo no se generan derechos como los de cualquier otro trabajador.

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